(José Ignacio Moreno León / Rector Unimet) La Universidad Latinoamericana no ha sabido aún responder a la demanda de los nuevos tiempos, ni ha promovido el esfuerzo requerido para romper con la cultura del rentismo, del populismo y del realismo mágico, que son males recurrentes en la región, lo cual supone educar en la cultura del emprendedurismo, de la productividad y de la solidaridad como valores necesarios para que nuestras sociedades puedan deslastrarse del subdesarrollo y de la fragilidad institucional presente en la mayoría de estos países.Es por ello que está planteado en toda América Latina y, en especial en nuestro país, una revisión a fondo del sistema educativo, con énfasis en el sistema de educación superior, como parte de la estrategia para superar las precarias condiciones en que la región se encuentra frente al reto de los nuevos tiempos y a la creciente marginalidad, pobreza y fragilidad democrática que se han venido acumulando en las últimas décadas.
La universidad hispanoamericana, a lo largo de su historia ha experimentado dos significativos procesos de cambio, en respuesta a las circunstancias del entorno de esas épocas. El primero fue orientado por el ideario educativo de Simón Bolívar, para quien la educación fue materia prioritaria en su agitado quehacer de constructor de repúblicas, convencido de que la democracia no era viable sin la educación del pueblo para formar buenos ciudadanos.
Al Padre de la Patria podríamos considerarlo como la referencia visionaria de lo que ahora proponemos como el Pacto Social que debe asumir la universidad contemporánea, para atender, como lo proponía Bolívar, áreas prioritarias como la formación ciudadana, la enseñanza y práctica de los valores, de las artes y oficios, la salud pública y el manejo inteligente del medio ambiente.
En la actualidad la universidad hispanoamericana está enfrentando circunstancias parecidas a las que provocaron el más importante movimiento de reformas que en los tiempos modernos ha tenido esta institución en nuestra región, y que constituye la segunda ola de reformas, conocido como la reforma de Córdoba, o el movimiento de Córdoba, el cual se inició en 1918, en la conservadora universidad de esa provincia argentina, como una iniciativa de renovación universitaria y de cambios políticos, para luego expandirse hasta principios de los años 30, hacia otros países de la región como Chile, Perú, México, Cuba, Colombia, Paraguay y Bolivia. Venezuela no estuvo presente en este movimiento pues las pocas universidades existentes para entonces estuvieron clausuradas por largo tiempo por la dictadura gomecista.
Fue Córdoba un movimiento regional de notables cambios en la institución universitaria, a través de los cuales se alcanzó la democratización de la universidad, con la participación de estudiantes y egresados en el cogobierno universitario, al igual que el principio de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra y de pensamiento, conjuntamente con las actividades de extensión, con la gratuidad de la enseñanza y la profesionalización de la docencia.
El movimiento de Córdoba también fue una respuesta política de muchas de las universidades del continente latinoamericano frente al entorno internacional y regional influenciado por las consecuencias de la primera guerra mundial, ante las cuales las universidades clamaban por la institucionalidad democrática, la reducción sustancial de los ejércitos y la promoción de los valores humanos y del bienestar, de la solidaridad y la fraternidad entre los hombres.Ante las circunstancias actuales que reflejan varias de las razones que provocaron el movimiento de Córdoba, pero con las nuevas complejidades implícitas en la Sociedad del Conocimiento que se está construyendo con la revolución tecnológica y en un proceso asimétrico y excluyente de mundialización económica, no hay dudas que se imponen reformas de trascendencia en el sistema universitario latinoamericano.
Estas reformas, deben involucrar a todo el sistema educativo, pero en especial a las universidades, como cúpula del mismo, y deben fundamentarse en el criterio de valorar y gestionar la educación como un bien público y como un derecho humano básico; con lo cual se legitima la responsabilidad social, tanto de las universidades de gestión pública, como de las universidades de gestión privada, y la función irrenunciable e indelegable del Estado de asegurar a todos, según sus capacidades, las posibilidades de acceso al sistema educativo, a los diferentes niveles, pero promoviendo una educación de calidad, como bien esencial de la Sociedad del Conocimiento y herramienta adecuada para minimizar los riesgos y lograr el beneficio equitativo del producto de las grandes transformaciones de la revolución tecnológica y de la globalización contemporánea. La oferta educativa de calidad no puede ser elitesca ni discriminatoria, lo que implica que a los pobres no se les puede ofrecer una pobre educación.
Se trata entonces de impulsar un Pacto Social Universitario que propicie la participación activa de nuestras universidades, a través de la formación fundamentada en una pedagogía de valores, de la investigación y de la programación de extensión y de educación contínua, en la búsqueda y aplicación de soluciones adecuadas al problema de la pobreza y la exclusión social y en el esfuerzo necesario para lograr una sociedad productiva, competitiva y con un elevado activo de capital social expresado en un profundo sentido de los valores éticos, de la solidaridad, de la asociatividad, de la convivencia democrática y de la cultura de la paz.
Igualmente un pacto para que las universidades rompan con la autarquía que las ha mantenido encerradas en si mismas y se abran a lo universal que es su esencia propia. Para que reclamen un papel protagónico en los procesos de formulación de políticas públicas fundamentales a fin de lograr un desarrollo social y ecológicamente sustentable; y para promover la internacionalización de los planes de estudio, el intercambio de estudiantes y profesores, programas conjuntos de investigación; y sobre todo para que dejen de ser torres de marfil y asuman activamente el papel de brújulas o faros de luz que, mediante los estudios prospectivos, permitan orientar la ruta de nuestros pueblos hacia el progreso y el bienestar compartido en un entorno de libertades públicas, impulsando su acción como encubadoras de ideas y encubadoras de empresas.
En el caso específico de nuestro país, ese pacto educativo requiere de la contribución de todos, para deslastrar de la politiquería y de posiciones excluyentes el debate que necesariamente debe plantearse, pero en condiciones de altura y profesionalismo académico, a fin de lograr el nuevo modelo educativo que permita insertar, con éxito, a nuestro país en la Sociedad del Conocimiento y romper el círculo perverso de la pobreza y la exclusión social, para alcanzar una sociedad solidaria y productiva, con elevada cultura cívica y sólidos valores, única garantía de un desarrollo compartido y sostenible, en un entorno de paz social.
Fuente: Analitica Premium
Letras Dossier. Edición 015, Caracas septiembre de 2007.
Periódico universitario Letras # 427